Una argucia técnica constituye la respuesta más rotunda que ha dado hasta ahora el Gobierno al drama de la migración en el Mediterráneo central. Dos barcos de ONG dedicadas al rescate permanecen inmovilizados desde mediados de enero con el argumento de que no cumplen los requisitos de seguridad en el mar. Organizaciones de jueces y fiscales progresistas cuestionan este razonamiento y atribuyen la decisión a motivos políticos.